No por Antonio sino por
El diario ABC
La necesidad de buscar votos «como sea» ha llevado a Rodríguez Zapatero a hacer dejación de sus más elementales responsabilidades como presidente del Gobierno. Cuando el candidato socialista muestra su acuerdo con las sanciones impuestas por la Generalitat catalana por rotular en castellano un establecimiento público no sólo vulnera el ordenamiento jurídico sino que actúa contra el sentido común. El castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, dice el artículo 3 de la Constitución. Es inconcebible que utilizar la lengua común a todos los españoles provoque la apertura de un expediente administrativo y la imposición de una multa. Zapatero sabe que su partido necesita votos en Cataluña de cara al 9-M, pero ningún interés particular justifica una opinión que refleja la debilidad de la oferta socialista en materia de cohesión territorial. Muchos millones de españoles defienden el refuerzo del castellano en los sistemas educativos y en la vida cotidiana en todas las comunidades autónomas. No todo vale en democracia para arañar unos cuantos votos o para hacer guiños a los socios potenciales. Esta vez, el candidato del PSOE ha cometido un grave error al avalar una actuación contraria a Derecho y que daña profundamente los sentimientos más arraigados de la gran mayoría social.
Editorial del sábado, 08 de marzo de 2008
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