Editorial de EL MUNDO. Hoy

El agua, un bien nacional que exige solidaridad y no ‘guerras’ regionales

SUPERADO el ecuador del verano más caluroso de las últimas cuatro décadas en España, son varias las regiones seriamente preocupadas por la sequía. La situación hidrológica es excepcional y el Gobierno se ha visto obligado a tomar algunas medidas como el trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para paliar las consecuencias que la falta de lluvia estaba provocando en el sureste español. Pero la decisión ha coincidido con un cambio político en Castilla-La Mancha. Y el nuevo presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page, ha reabierto la guerra del agua exigiendo, por un lado, la paralización inmediata del trasvase y, por otro, ultimando una Ley con la que pretende blindar los caudales de su región para bloquear los bombeos al Segura. Ello supone un auténtico despropósito que rebasa, además, todas sus competencias.

Casi tan pertinaz como la sequía, que repetía Franco, es la guerra del agua en la que se enzarzan periódicamente administraciones y dirigentes políticos regionales. Y lo primero que deja en evidencia son los fallos de una política que, por su naturaleza, sólo puede ser de Estado. La Constitución es muy clara al otorgar al Gobierno central las competencias en planificación hidrológica y realización de planes nacionales de infraestructuras hidráulicas, así como el dominio de las cuencas intercomunitarias. El agua, por decirlo claramente, es de todos los españoles, y en ningún caso puede ser ni arma arrojadiza ni bien privativo de las taifas en que parecen haberse convertido las administraciones autonómicas. La gestión del agua compete al Estado, que debe asegurar el abastecimiento y las necesidades de todos los españoles, conforme a principios básicos de solidaridad y cohesión y vertebración territorial.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos han hecho dejación de funciones y han preferido estirar el cuello hacia el cielo en busca de nubes antes que adoptar las necesarias medidas políticas para no soliviantar a presidentes autonómicos de unos y otros colores. El caso más claro se vivió durante la primera legislatura de Zapatero, quien, con su decisión de paralizar las obras para el trasvase del Ebro, cometió un gravísimo error que ahora estamos pagando. El presidente socialista se plegó a la oposición de la Generalitat catalana, que entonces presidía Pasqual Maragall, que se envolvió en las tesis ecologistas que denunciaban que el trasvase perjudicaría seriamente el equilibrio del Delta. Pero en aquel momento ya existían suficientes alternativas técnicas para haber hecho compatible la preservación de este parque natural con el trasvase del Ebro tanto a Cataluña, como a Valencia, Murcia y Almería. Hoy nos encontramos con que todos estos territorios sufren problemas de escasez periódica –incluidas algunas comarcas catalanas– y, a la vez, asistimos a fenómenos como el del pasado invierno, en que el Ebro arrojó en apenas 20 días al mar casi 2.600 hectómetros cúbicos, suficientes para dar de beber a todos los españoles a lo largo de un año entero.

La política hidráulica debe servir para vertebrar el país. Y es necesario impulsar trasvases y envalses nacionales que garanticen el reparto solidario y el acceso necesario al agua. España consume anualmente más de 35.000 hectómetros cúbicos, aunque casi el 70% se emplea en regadíos, y en este sector también hacen falta urgentes mejoras. Por ejemplo, no es de recibo que una parte muy importante del agua se pierda en los más de 10.000 kilómetros de canalizaciones agrícolas repartidos por todo el país o que siga habiendo tantos sistemas de irrigación intensivos nada eficientes. Pero, en todo caso, lo que ni García-Page ni ningún otro líder autonómico pueden avivar es una guerra regional a cuenta de un bien tan preciado como éste.

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