No por Antonio sino por
JORGE DE ESTEBAN (catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO)
Las próximas elecciones generales en España, no son, a pesar de su apariencia, unas elecciones clásicas al uso, en donde se elige fundamentalmente entre dos programas de gobierno y entre dos líderes y sus partidos respectivos, a fin de que el vencedor gobierne durante los cuatro próximos años.
Así ha ocurrido en todas las elecciones generales anteriores de 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000 y 2004, a excepción de las primeras de 1977, en donde hubo algo más. En efecto, en estas primeras elecciones, después de 40 años de dictadura, no sólo se trataba de elegir un líder y un partido para que gobernase cuatro años, sino que se sabía también que iban a ser Cortes Constituyentes con la tarea fundamental de redactar una nueva Constitución para España. De ahí que se tratase de compaginar la posibilidad de obtener la mayoría de los partidos más fuertes, que permitiese la gobernabilidad, con la representación en las Cortes de partidos minoritarios implantados únicamente en ciertas regiones, pero que se consideraban necesarios para integrarlos en una responsabilidad común que desarbolase sus tendencias separatistas. Me refiero, como se puede suponer, a los partidos nacionalistas, especialmente de Cataluña y del País Vasco. Con ello se cometía una verdadera injusticia electoral, porque partidos también minoritarios, pero dispersados por todo el territorio nacional, eran barridos de forma inmisericorde para siempre. Se regalaba así un plus de representación a estos partidos nacionalistas, a condición de que amoldasen sus tendencias identitarias dentro del marco común de todo el Estado.
Es más: se optó, en parte para contentarlos, por la creación de un Estado descentralizado, en el que podrían obtener unas cuotas de autogobierno comparables a las existentes en los Estados Federales, naciendo así el llamado Estado de las Autonomías, pero con el pecado original de que no se ponía un límite a las transferencias de las competencias de las Comunidades Autónomas respectivas, ni se exponían con claridad las que eran propias del Estado, de carácter exclusivo e indelegable. Tal aberración, denunciada mil veces en este diario a lo largo de los últimos años, ha llegado así a convertirse en el auténtico nudo gordiano de nuestra Constitución, y que de no desatarse puede llevarnos a la catástrofe. Ciertamente, esta tendencia empezó con una serie de errores de los que son culpables todos los Gobiernos habidos hasta la fecha, pero ha llegado a su paroxismo con el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero, que ha necesitado el apoyo de los partidos nacionalistas para gobernar, concediéndoles a cambio de ello casi todo lo que pedían. La elasticidad del Título VIII de la Constitución, como he dicho, era muy amplia, pero también tiene unos límites imposibles de franquear, salvo que se quiera desnaturalizar el propio Estado de las Autonomías.
Pues bien, este paso se ha dado con la aprobación del Estatuto de Cataluña, que rebasa esos límites y que va camino de convertir al Estado de las Autonomías en un fantasmagórico e imposible Estado de las Soberanías, porque lo que significa el Estatuto de Cataluña no es solamente que se hayan transferido a la Generalitat muchas competencias a las que no puede renunciar el Estado central, sino que su verdadero y más profundo significado consiste en que se ha transferido a Cataluña una parte de la soberanía nacional, esto es, algo que por su propia esencia corresponde a todos los españoles, a la Nación en suma. Por supuesto, el Estatuto de Cataluña está recurrido ante el Tribunal Constitucional y debería ser este órgano el que sentenciase de una vez por todas la anomalía de esa norma, pero cada vez es mayor el temor, a la vista de ciertos precedentes, de que los doce (u once, en su caso) magistrados que lo componen, acaben cantinfleando como ya ha ocurrido con la sentencia del Estatuto valenciano, que ha servido de señuelo para ir preparando el ambiente, y después hacer pública, con el terreno allanado, la del catalán. Desde el punto de vista de la corrección constitucional, el Tribunal no debería haber enjuiciado ningún nuevo Estatuto hasta que no hubiera decidido lo que ocurría con el Estatuto de Cataluña, que es el que ha abierto la vía de la deconstrucción del Estado Autonómico y el que ha servido de pauta a todos los demás.
Las cosas han llegado tan lejos que si se repitiese el próximo domingo un resultado parecido al de las últimas elecciones, es decir, una victoria pírrica del PSOE, el destino de España estaría entonces en manos de los partidos nacionalistas, que podrían ser los verdaderos vencedores de los comicios y, en tal caso, no cabría sino afirmar que delenda est autonomia. Porque se sabe ya que seguirán exigiendo mayores cuotas de autogobierno, eufemismo que se utiliza para reivindicar una soberanía propia como meta final, con una parada intermedia en un denominado Estado confederal, en el que se daría una asociación de Estados soberanos con algunas funciones que se ejercerían en común o, lo que es lo mismo, una Confederación de Estados, que es una forma de organización política inexistente hoy en el mundo y cuyos precedentes más importantes son los de las 13 colonias británicas de América, que se independizaron para convertirse en una Confederación de 13 Estados, o la vieja e inimitable Confederación Helvética, con su asociación de Cantones. Pero como nos lo demuestra la Historia, en esos y otros casos, tal forma de organización política no es más que provisional, pues a corto plazo sólo caben tres posibilidades: la independencia de cada una de las partes que la componen, la unidad e integración de las mismas en un solo Estado, o la creación de un Estado Federal. En nuestro caso, habiendo partido del Estado centralista y unitario que nos legó Franco, habíamos llegado a un Estado descentralizado de corte federal, más que suficiente par contentar las posibles ansias de autogobierno, pero como se puede comprobar por lo que está ocurriendo con los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, se quiere ir más allá, utilizando esa parada técnica y provisional del llamado Estado confederal. Situación que vendría a equivaler a una desmembración de hecho del actual Estado, creando todo tipo de barreras interiores en las actuales Comunidades Autónomas y produciendo la desigualdad de derechos entre los españoles, con la evidente anulación del contenido de nuestra Constitución. Esto evidentemente no ha hecho más que empezar y sería interminable desgranar, de forma exhaustiva, un rosario de ejemplos que se podrían aducir, como las diferencias de sueldo, entre funcionarios públicos, según cada Comunidad Autónoma; las dificultades, en alguna de ellas, para la enseñanza del español, lengua oficial y vehicular de todos los españoles; la ruptura de la unidad de mercado, que no hace sino complicar nuestro progreso económico. Y para qué seguir.
En el fondo, por consiguiente, lo que está en juego en las próximas elecciones no es elegir únicamente a uno u otro partido para que gobierne, sino saber que si los nacionalistas son indispensables para apoyar al PSOE a fin de que pueda gobernar, y en menor medida, al PP, en el supuesto de que así fuera, se habría elegido que el Estado actual de España, en el mejor de los casos, se convirtiese en un cascarón vacío, sin ninguna competencia para poder llevar a cabo cualquier tipo de políticas o, como dicen los anglosajones, policys. El exceso de las demandas nacionalistas en busca de un mayor autogobierno, repercute inmediatamente en la menor autonomía del Estado central, sin la cual, todas las promesas, al estilo de la mejor subasta, que los dos grandes partidos han difundido durante estos días en la campaña electoral, serían imposibles de cumplir, porque el Estado habría perdido sus competencias y no habría un territorio unitario en el que pudiesen regir las leyes de las Cortes Generales.
En consecuencia, las elecciones del próximo domingo no son unas elecciones en sentido estricto, sino que por las fuerzas de los hechos, se han convertido en una figura insólita, que a veces aparece en el Derecho Constitucional, y que podríamos denominar como referéndum electoral. Consistiría así en que lo más importante de esos comicios es que el pueblo responda a una pregunta implícita que está en el aire y que podría ser planteada así: ¿Desea usted que España siga siendo un único Estado con amplia, pero acotada, descentralización del poder? Ahora bien, si esa pregunta, aún de forma no expresa, es muy clara, la respuesta del electorado, en cambio, es muy complicada, porque puede adoptar diversas formas: mayoría absoluta del PSOE, mayoría absoluta del PP, Gobierno de coalición entre los dos partidos o victoria pírrica de cualquiera de los dos, pero con apoyo parlamentario del otro.
Dicho de manera más sencilla, la manera de contestar afirmativamente a esa pregunta, en la que nos jugamos nuestro destino como Estado-Nación, no es otra que la de dejar fuera de cualquier Gobierno a los nacionalistas, que quieren imponer las decisiones de un pequeño número de electores, por la estulticia originaria de nuestra ley electoral, a la inmensa mayoría de los españoles. Y, en este punto, no cabe sino recordar a Burke cuando afirmaba que «para que el mal triunfe lo único necesario es que los hombres de bien no hagan nada». El próximo domingo, los hombres de bien que creen en España, sean de derechas o izquierdas, tendrán una papeleta en la mano para evitar el mal. ¿La sabrán utilizar?
(Hoy en El Mundo)
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