Certe patet

Javier Tajadura Tejada. EL MUNDO, 06-08-23

Las elecciones del pasado 23 de julio han abierto un escenario político de complicada gestión y en el cual el éxito de la investidura de un nuevo presidente del Gobierno dista mucho de estar garantizado. En este confuso escenario, resulta incomprensible que el presidente en funciones haya pospuesto su reunión con el líder del PP para después del 17 de agosto, una vez que se hayan constituido las nuevas Cortes. Las principales fuerzas políticas del país, que juntas suman 258 diputados de los 350 que integran la Cámara, deberían iniciar de inmediato las conversaciones y negociaciones para afrontar una investidura exitosa. Esta falta de interlocución es una señal peligrosa de que el procedimiento de investidura puede resultar extremadamente convulso.

En este contexto, conviene recordar la regulación constitucional de este procedimiento (art. 99 CE). Sus protagonistas son los partidos políticos con representación parlamentaria. A ellos les corresponde llevar a cabo las negociaciones y acuerdos tendentes a forjar una mayoría que respalde a un candidato. El procedimiento se canaliza a través del jefe del Estado, con la asistencia del presidente del Congreso de los Diputados, quien por imperativo constitucional (art. 64 CE) debe refrendar la propuesta de un candidato a la Presidencia.

La primera tarea del presidente del Congreso que resulte elegido tras la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto será entregar al Rey la relación de los portavoces designados por todas y cada una de las fuerzas políticas que hayan obtenido escaños, para participar en las denominadas «consultas regias». En estas consultas, el Rey se reúne con todos ellos -por orden de menor a mayor representación- a los efectos de que los distintos portavoces le indiquen a qué candidato a la Presidencia del Gobierno (Feijóo, Sánchez, ninguno de ellos u otro distinto) están dispuestos a apoyar. De esta forma, el Rey centraliza y constata oficialmente una información capital: el resultado previsible de la votación de investidura. Con esos datos, desde la más absoluta neutralidad partidista -y con el refrendo del presidente del Congreso-, propone como candidato a quien cuente con más posibilidades de ser elegido.

Conviene subrayar -porque algunos han sostenido lo contrario- que dicho candidato en modo alguno tiene que ser el líder propuesto por el partido más votado o que disponga de más escaños. La tesis de que el Rey tiene que proponer al candidato de la lista más votada no puede ser admitida por dos razones.

La primera, por ser incompatible con la lógica del régimen parlamentario. En una democracia parlamentaria es perfectamente posible (y así ocurre en muchas comunidades autónomas, como recientemente se ha comprobado en Extremadura) que resulte elegido presidente un candidato con el apoyo de dos o más partidos que sumen más escaños que otro candidato que, a pesar de ser el líder de la lista más votada por los ciudadanos, tenga un menor respaldo parlamentario.

La segunda razón es que la existencia de una tal obligación del Rey de proponer al líder de la lista más votada resultaría contradictoria con el propio procedimiento, puesto que en ese caso no sería necesario celebrar las consultas.

El diseño constitucional del procedimiento es impecable, pero la deslealtad de los partidos puede llegar a complicarlo mucho. En primer lugar, partidos que han obtenido representación pueden negarse -como ha ocurrido en el pasado- a participar en las consultas. Se trata de un comportamiento anticonstitucional que no reviste sanción y que se suple por el hecho de que el Rey puede conocer por otras vías la posición de estas fuerzas. En segundo lugar, y este es un problema de mucha mayor gravedad, puede ocurrir que ninguno de los candidatos que se ofrecen al Rey tenga respaldos suficientes para ser investido ni siquiera en una segunda votación por mayoría simple. Esto es, que los partidos no hayan hecho sus deberes.

En ese caso, se le abrirían al Rey dos opciones, ambas compatibles con la absoluta neutralidad que caracteriza el desempeño de su magistratura. La primera sería no proponer candidato, habida cuenta de que el enroque de los partidos hace inviable el éxito de la investidura.

La segunda opción sería proponer a un candidato para que con su investidura fallida se pusiera en marcha el «reloj electoral», en la medida en que, a partir de entonces, se iniciaría el plazo de dos meses en los que, si no se inviste a un presidente del Gobierno, habrían de disolverse las Cortes y convocarse nuevas elecciones.

En esta segunda hipótesis algunos se refieren a un supuesto dilema del Rey a la hora de designar a un candidato perdedor. Realmente, con arreglo a la lógica del sistema, quien más respaldo parlamentario posee es quien tiene la obligación de aceptar el nombramiento regio como candidato. El Rey tiene la obligación de presentar a un perdedor que no obstante puede aprovechar el discurso de investidura para intentar lograr el respaldo de fuerzas políticas que hasta entonces habían manifestado su rechazo.

Tras la primera investidura fallida, una interpretación literal, lógica y finalista del artículo 99 obliga al Rey a realizar una nueva ronda de consultas y, en el eventual caso de que otro candidato quiera intentarlo (a pesar de no tener la investidura asegurada), puede proponerlo y darle también su oportunidad. Y si también es rechazado, conviene insistir en que el Rey, con arreglo a la Constitución, no puede hacer más. A lo largo del proceso ya habrá hecho mucho, puesto que en las consultas, el Rey, aunque principalmente escucha, habrá ejercido una influencia -derivada de su auctoritas– no a favor de ningún candidato concreto, sino a favor de que los partidos alcancen un consenso que permita la investidura de un presidente.

Sea de ello lo que fuere, lo que importa subrayar es que en este complicado escenario para lograr la investidura no es el Rey el que tiene un dilema. El verdadero dilema es el que tienen los partidos políticos y concretamente los grandes vencedores de las elecciones: el PP y el PSOE. El dilema de intentar lograr el acuerdo con fuerzas extremistas -las grandes derrotadas el 23 de julio, con la sola excepción de Bildu- o de alumbrar un pacto desde la centralidad que garantice no solo la investidura de un presidente, sino la gobernabilidad durante toda la legislatura, y la posibilidad de adoptar en ella las grandes reformas (educación, pensiones, fiscalidad, financiación autonómica, regeneración institucional, etc.) que requiere nuestro país.

Hasta hoy, el PSOE de Sánchez ha afrontado este dilema de una forma incompatible con el principio de tolerancia mutua que exige la democracia e impide demonizar al adversario y convertirlo en enemigo. El PSOE no ha tenido reparos en pactar con fuerzas abiertamente contrarias a la Constitución de 1978 y a la unidad del Estado, como son ERC y Bildu, antes que con el PP. Y esta semana, a la vez que pospone la reunión con Feijóo, negocia el respaldo a su investidura con un prófugo como Puigdemont. El PP ha respondido a Sánchez con su misma moneda hasta el punto de que presentó como programa electoral «la derogación del sanchismo» y no ha dudado en pactar en varias comunidades autónomas con una formación como Vox, abiertamente antiliberal y antieuropea, cuyo referente es el autócrata húngaro, Viktor Orban.

Si Sánchez llegase a ser investido con el apoyo de una amalgama de fuerzas cuyo único nexo en común es su voluntad de destruir el orden constitucional, podríamos llegar -como advertía Lamo de Espinosa en estas mismas páginas- a un peligroso punto de no retorno y, en definitiva, al naufragio del régimen de 1978. La única alternativa posible -aritmética y programática- es la investidura de un presidente respaldado por el PP y el PSOE en torno a un programa común. Para alumbrar ese programa y forjar esa mayoría, los dos partidos deben entablar negociaciones ya.

Javier Tajadura Tejada es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco

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Ricardo Dudda, El Mundo, martes 01-08-23

El poder no se explica, el poder se ejerce. Y el poder se ejerce, especialmente en esta democracia de audiencia o posdemocracia liberal, actuando como si se tuviera más del que realmente se tiene. Esta ha sido la filosofía política de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en junio de 2018: la debilidad parlamentaria se compensaría con la fuerza de voluntad, el poder ejecutivo, la ética de la excepcionalidad. En otoño de 2018, solo cinco meses después de la investidura de Sánchez tras la moción de censura contra Rajoy, la por entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, definió esa filosofía en una frase: «Tenemos 84 diputados que valen por 176». El Gobierno era muy débil, dependía de unas mayorías muy inestables y necesitaba más del doble de sus diputados para aprobar cualquier iniciativa en el Congreso. Por eso debía ejercer un poder que realmente no tenía.

Una buena manera de escenificar ese poder es usar la figura del decreto ley, que según la Constitución solo debería usarse en casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Pedro Sánchez ha sido el presidente que más ha abusado de los decretos ley. Los ha usado como propaganda y para asuntos sin apenas urgencia (más allá de la «urgencia moral» que ha defendido siempre este Gobierno, que ha convertido la reforma más banal y gris en una cuestión existencial); los ha usado con las Cámaras cerradas tras unas elecciones y gobernando en funciones. A finales de junio de este año, a un mes de las elecciones generales, aprobó un decretazo de 224 páginas con decenas de medidas. Como explica Eva Belmonte en Civio: «Además de trasponer varias directivas y adaptar algunas leyes al derecho europeo, aprueba medidas anunciadas por el Gobierno pero que no llegaron a ver la luz en forma de ley por el fin de la legislatura, como nuevos permisos por cuidados y el derecho al olvido oncológico. Además, prorroga medidas anticrisis como el tope al precio del butano, las ayudas al transporte, al sector pesquero y a la agricultura, así como el 50% de descuento a los abonos transporte y la rebaja del IVA». Para el profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia Germán M. Teruel, se trataba de «un decreto ómnibus de dudosa constitucionalidad, que es el paradigma de aquello en lo que se ha convertido esta forma acelerada y patológica de legislar». Pero la urgencia la determina el Gobierno, y para Pedro Sánchez lo más «urgente» es siempre seguir gobernando.

El decreto ley transmite una imagen de presidente resolutivo, que aprueba leyes, que cambia el país. Da igual si luego esas leyes no se aprueban 30 días después en el Congreso, porque para este Gobierno las leyes son sobre todo herramientas de propaganda: de ahí los preámbulos y las exposiciones de motivos convertidos en tratados políticos llenos de brindis al sol y denuncias a la oposición (recordemos esta frase en un BOE en el que se reformaba el Código Penal: «Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades»).

Esta degradación institucional, que muchos analistas supuestamente reformistas criticaban hace años, ahora es solo la preocupación de cuatro gatos (porque debemos reconocer que el antisanchismo más movilizado no está construido alrededor de la defensa del liberalismo y los contrapesos y las instituciones, sino alrededor de «Que te vote Txapote», el Falcon y demás memes). Nuestra tradición política es el turnismo, y el turnismo significa sobre todo que cuando cambia el Gobierno, el Gobierno puede cambiarlo todo: tiene manga ancha, puede montar y desmontar, gobernar sin cortapisas. «Ahora nos toca a nosotros», winner takes it all, es la lógica del turnismo. Es una concepción patrimonialista de la política que no parece que vaya a cambiar en el futuro próximo: muchos defienden que en el postsanchismo habrá que usar las mismas reglas del sanchismo para poder sobrevivir. Es una perspectiva profundamente deprimente.

Esta lógica turnista también va en contra de cómo está planteado nuestro sistema parlamentario: una victoria en unas elecciones no es una carta blanca. Tenemos una democracia parlamentaria multipartidista pero nuestra visión de la política es presidencialista, y lo seguirá siendo cada vez más en una época de cesarismos e hiperliderazgos. Por eso Feijóo insiste en que gobierne la lista más votada. No es porque no sepa que las cosas no funcionan así, que no hay ninguna regla que diga que el candidato más votado tiene que ser investido. Es porque sabe que la ciudadanía piensa así, le suena de sentido común que quien ha ganado las elecciones es quien debe gobernar.

Por eso también es imposible un pacto entre el PP y el PSOE. Sería acabar de una vez por todas con el turnismo, que no es solo una tradición política sino una metafísica nacional. ¿Cómo que ahora les toca a los dos?Imposible. No pueden ganar los dos. Es cierto que ese tipo de pactos entre opuestos son relativamente comunes en ayuntamientos, pero la política local es muy diferente a la nacional, donde la batalla es más existencial.

Sánchez se mueve bien en la excepcionalidad, el límite y la interinidad. Por eso está contento con el resultado del 23-J, aunque solo haya ganado un diputado con respecto a 2019 y a pesar de que sus apoyos parlamentarios vayan a ser aún más complicados: Junts es quizá el partido más esquizofrénico y delirante del Congreso de los Diputados. Pero eso a Sánchez le da igual. Sigue siendo presidente, y no importa cómo. De nuevo, lo importante es proyectar una imagen de ganador, actuar como si cualquier otra posibilidad fuera ontológicamente inconcebible. Es una táctica típica de Sánchez, que siempre ha mirado a la oposición con estupefacción: «¿Todavía seguís ahí? Qué pesados, dejadme gobernar en paz».

Sánchez es un presidente ideal para la posdemocracia liberal, en la que lo importante es la escenificación del poder, en la que la rendición de cuentas es una quimera y el entretenimiento es más relevante que la gestión. El politólogo polaco Jan Zielonka, autor de The Lost Future: And How to Reclaim iI(El futuro perdido: y cómo recuperarlo), dice que la política contemporánea «es un estado permanente de emergencia en el que el Ejecutivo toma decisiones con prisa sin contar con el público y sin que exista tiempo para la reflexión. La rama ejecutiva gana poder y se autojustifica alegando que está resolviendo crisis constantemente, y los contrapesos de los parlamentos y los tribunales son solo obstáculos frente a la recuperación». Es el mundo en el que mejor se mueve Pedro Sánchez.

El periodista Janan Ganesh dice que la política contemporánea es una lucha cada vez más cruenta por cada vez menos. Es un entretenimiento con ínfulas: una serie adictiva e interactiva. Te enganchas pero también participas y además puedes decir que te va la vida en ello, que si no ganan los nuestros el mundo se acabará. El contenido de esta semana en la nueva temporada de la serie es en formato epistolar: el presidente y el líder de la oposición han hecho un despliegue de plumas a través de cartas para defender exactamente lo que ya todos los ciudadanos conocíamos. No solo es una manera anticuada y ridícula. Es también otro ejemplo más de la política como un bucle autorreferencial, retórica que no podría sobrevivir en el mundo real y que siempre vuelve hacia sí misma. Feijóo le ha dicho a Sánchez: «Reitero aquí mi propuesta de reunirnos con el propósito de establecer un diálogo responsable». Y Sánchez le ha respondido: «Agradezco la oportunidad que me brinda su carta para retomar la comunicación entre nuestras fuerzas políticas», para luego decirle que solo hablará con él cuando el Rey lo nombre candidato. Y con eso nos entretenemos. Y en este interregno de escenificaciones, desplantes, zascas, sobreactuaciones, es donde mejor se mueve Sánchez, nuestro gran presidente táctico.

Ricardo Dudda es periodista. En septiembre publica Mi padre alemán (Libros del Asteroide).

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Tribuna en EL MUNDO, hoy, de GABRIEL TORTELLA

Vox populi, vox Dei: la voz del pueblo es la voz de Dios. Es un antiguo adagio que viene a significar que el pueblo nunca se equivoca. Pero ¿es esta una verdad eterna? ¿O más bien un manido latinajo? Ni una cosa ni otra, pero también un poco de todo. En realidad, la validez o no de esta máxima es uno de los temas básicos de la ciencia política o incluso, diría yo, de toda la ciencia social. Vale la pena observar que los partidarios de la democracia somos, consciente o inconscientemente, suscriptores de la máxima, porque la democracia es -su etimología lo indica- el gobierno del pueblo. Y no parece razonable querer que gobierne alguien que no acierte.

Y, sin embargo, la evidencia está ahí para mostrar una verdad innegable: el pueblo no siempre acierta, las decisiones democráticas no siempre son atinadas; desde la condena de Sócrates hasta la elección de Hitler y las de tantos otros tiranos, o granujas de variado pelaje, como Hugo Chávez, Trump, Putin, Erdogan o el colectivo Bildu son otras tantas pruebas de errores gravísimos adoptados democráticamente. Y se podrían dar muchas más. ¿Debemos entonces rechazar la democracia como sistema de gobierno? No, por dos razones. La primera, la legitimidad: como los errores de los gobernantes los paga el pueblo, es justo que sea él quien gobierne y quien pague por el error. La segunda, que muchos errores de las democracias (aunque no todos) pueden ser corregidos, y a menudo lo son.

Viene todo esto a cuento de lo sucedido en las elecciones del 28-M, que merece algunas reflexiones. España lleva cinco años sometida a un Gobierno minoritario, de extrema izquierda y de extrema incompetencia, asentado sobre una base parlamentaria de legitimidad muy dudosa, que comete constantemente actos injustos y arbitrarios que socavan nuestro Estado de Derecho, con violaciones diarias y continuadas de la Constitución, del derecho y de la ética, que lleva a cabo un programa de gobierno radical, subversivo y de discutible licitud jurídica y parlamentaria, programa que nunca se explicitó, ni en la moción de censura que le dio acceso al poder ni con motivo de las dos elecciones generales que se celebraron en 2019, elecciones que, dicho sea de paso, revelaron un apoyo exiguo y menguante a la minoría gubernamental; un Gobierno maniqueo, que difama continuamente a los partidos de la oposición mientras apoya y enaltece a los separatistas con los que se alía y cuyas directrices políticas sigue fielmente; un Gobierno que recuerda continua y sesgadamente una guerra civil que duró tres años y concluyó hace 84, y olvida la campaña terrorista de ETA que duró más de 40 años y no cesó hasta hace 12. Un Gobierno que ha intensificado la presión fiscal aprovechando los efectos confiscatorios de la inflación, que gasta desordenadamente, comenzando por un número de ministerios injustificado e injustificable salvo por las más vergonzosas razones de combinatoria política, y continuando por la contratación de legiones de asesores y amiguetes por razones tampoco justificadas, subvenciones no motivadas y menos explicadas; un Gobierno que tiene dificultades para distinguir entre la Hacienda pública, la hacienda del partido y la hacienda privada de los gobernantes, que ha hecho crecer la deuda hasta extremos no vistos desde hace más de un siglo, dando lugar a reiteradas advertencias de las autoridades europeas; un Gobierno que degrada o suspende a funcionarios que se niegan a obedecer órdenes ilegales; un Gobierno que ha convertido en práctica diaria el secretismo y la no rendición de cuentas; un Gobierno que persigue acabar con la separación de poderes y, secuestrado el legislativo por el sistema Frankenstein, ha conseguido apoderarse del Tribunal Constitucional y no ceja tratando de controlar al resto del poder judicial; un Gobierno que despenaliza la sedición separatista, la malversación, la okupación, que rebaja las penas a los violadores en aras del feminismo (sic)… Para qué seguir. La enumeración completa de las fechorías del sanchismo llenaría muchos folios.

Frente a este Gobierno inicuo los españoles protestaban débilmente, pero no parecían saber cómo poner fin a tal torrente de desatinos y desafueros. Uno recordaba la frase de Francisco Silvela tras la catástrofe del 98: «La España sin pulso»; el país que no reacciona, que se halla inerme frente al desastre. Y uno envidiaba lo ocurrido en otros lugares. En EEUU fue elegido en 2016 presidente Donald Trump, individuo de extrañas semejanzas con Pedro Sánchez, desde el otro lado del espectro, sin duda; pero todos los populismos, de cualquier signo, tienen mucho en común. Fue un error gravísimo, aunque en descargo parcial del electorado americano hay que decir que, si bien Trump salió vencedor mediante el sistema de compromisarios que rige la elección presidencial en EEUU, recibió unos tres millones de votos menos que su rival. Con todo, tras cuatro años de desgobierno y caos, los estadounidenses acudieron a las urnas en 2020 con desusada asiduidad y privaron de un segundo mandato a tan lamentable personaje. A la segunda vez, la voz del pueblo norteamericano adquirió tonos divinos y corrigió el pasado desliz. No quedaron resueltos todos los problemas, pero de momento se evitó lo peor.

Otro caso más aleccionador y reciente ha sido el de Israel, donde Benjamín Netanyahu, nada más tomar posesión como primer ministro, intentó hacer algo muy parecido a lo de Pedro Sánchez aquí: quitar poder al Tribunal Supremo y hacerlo más dependiente del Gobierno. Ante este abuso, los israelíes de todas las edades y procedencias se lanzaron a la calle para mostrar su disconformidad con un desafuero que colocaba al Gobierno por encima de las leyes, a costa de la libertad de los ciudadanos, que al fin lograron que se retirase la injusta reforma. Y uno se decía, con cierta envidia, que estos israelíes son más listos que nosotros, porque perciben la gravedad intrínseca de este problema jurídico, y nosotros no.

Pero lo que no podíamos saber, sino sólo sospechar, es que los españoles llevaban años tomando nota de cada desmán del Gobierno y esperando pacientemente a los primeros comicios para manifestar pacíficamente su profunda disconformidad. Y la ocasión se ha presentado en unas elecciones parciales, no las más a propósito para castigar al Gobierno nacional, que no estaba en cuestión; pero eran lo único que el pueblo tenía a mano para dar rienda suelta a su indignación, y para demostrar que la España de hoy tiene más pulso de lo que algunos temíamos. Y ha resultado que, salvo en Cataluña y el País Vasco, a cuyos intereses separatistas servía, y aún sirve, el Gobierno de Sánchez, en todas las ciudades y autonomías de importancia donde se votaba los partidos del Gobierno han sufrido un castigo muy severo que les ha quitado grandes cuotas de poder.

Está por ver ahora cuáles van a ser los efectos a corto y medio plazo de este maremoto electoral. Uno inmediato ya lo conocemos: Sánchez ha decidido adelantar las elecciones generales al penúltimo domingo de julio. Evidentemente, se ha dado cuenta de que los españoles no eran tan tontos y sin pulso como él creía, y ha advertido también que su situación es desesperada. El partido de sus socios de Gobierno apenas ha sobrevivido y es difícil saber si el Ejecutivo podía continuar funcionando. Por otra parte, teme que sus socios separatistas, ante la nueva situación, le presionen para obtener más concesiones de un Gobierno en agonía. Y teme a una rebelión de su propio partido. Su prestigio está por los suelos. Pero no es de los que dan su brazo a torcer y no va a dimitir. Hay que echarle. Muchos piensan que la fecha escogida para la elección no es casual; que él pensó que a finales de julio, en pleno puente, hay mucha gente de vacaciones, que no podrá votar presencialmente y que el voto por correo es más fácilmente manipulable. A alguien aficionado a esconder urnas tras cortinas estas consideraciones no pueden serle ajenas.

Los dos próximos meses van a ser cruciales. El Partido Socialista debe plantearse si le conviene seguir por la senda trazada por Sánchez o si no sería mejor introducir una reforma radical que hiciera del PSOE un partido socialdemócrata a la europea, algo parecido a lo que hizo Felipe González en 1978. En cuanto a los ciudadanos españoles, deben advertir que estamos en momentos decisivos para defender la democracia en España. Unos días de vacaciones no son demasiado sacrificio para asegurar la supervivencia de un Estado de derecho donde puedan vivir nuestros hijos y nietos. Tiene que hacerse oír de nuevo, alta, clara y entera, la voz divina del pueblo español.

Gabriel Tortella es economista e historiador. La cuarta edición de su ‘Capitalismo y Revolución’ (Gadir) es de inminente aparición

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